Andrés Rojas
Andrés Rojas analizó en perspectiva histórica las relaciones entre la concentración del control de la ejecución del presupuesto de la Nación y el posicionamiento de los gobernantes en el espectro autoritarismo - democracia como sustento de la tesis de que la superación de la crisis de la sociedad venezolana actual requiere imperativamente de ajustes en la distribución espacial del poder ejecutivo y en la articulación de instancias regionales de gobierno.
Destacó el carácter eminentemente distributivo la economía nacional y la contrastó con los esquemas de economía productiva para concluir que en una economía rentista petrolera en la cual concebir del subsuelo como propiedad del Estado concede ineludiblemente a éste la atribución exclusiva de controlar el uso y distribución de la renta y al mismo tiempo compele al Gobierno a legitimar su permanencia en el poder haciendo que el pueblo lo perciba como conveniente distribuidor del ingreso petrolero; se tiende a generar un clientelismo que distribuye dádivas con el objeto de maximizar la proporción de la población que considera al gobierno un repartidor aceptablemente generoso de los ingresos nacionales.
Al estar libre de las presiones de racionalidad y eficiencia que acotan a las economías productivas, el Gobierno encontrará fatalmente necesario obviar criterios de distribución que impliquen consideraciones meritocráticas o de contribución a la productividad de la Nación.
El electorado intuye las reglas básicas del juego; aprende a preferir el beneficio inmediato y a desconfiar de la conveniencia de postergar la gratificación en aras de un mejor país
La burocracia asume, como siempre, permanecer en el cargo como su principal objetivo y desde la óptica distributiva legitima el “vivir de dejar vivir” institucionalizando la “matraca” para incrementar su participación en el reparto de beneficios por encima de la oferta oficial del gobierno.
La ciudadanía, el sector servicios y el empresariado contagiados de la urgencia de apropiarse del circulante, que la óptica rentista y limitada capacidad del Gobierno impiden colocar en proyectos de inversión productiva, convalidan la “matraca” y una variedad de tributaciones indirectas.
Concluyó que ni el marco legal ni la lucha contra la corrupción (concebida como mal moral ajeno a la dinámica económica y socio-política planteada) son condición suficiente para la solución y destacó la necesidad de comunicación directa con el electorado.
Destacó el carácter eminentemente distributivo la economía nacional y la contrastó con los esquemas de economía productiva para concluir que en una economía rentista petrolera en la cual concebir del subsuelo como propiedad del Estado concede ineludiblemente a éste la atribución exclusiva de controlar el uso y distribución de la renta y al mismo tiempo compele al Gobierno a legitimar su permanencia en el poder haciendo que el pueblo lo perciba como conveniente distribuidor del ingreso petrolero; se tiende a generar un clientelismo que distribuye dádivas con el objeto de maximizar la proporción de la población que considera al gobierno un repartidor aceptablemente generoso de los ingresos nacionales.
Al estar libre de las presiones de racionalidad y eficiencia que acotan a las economías productivas, el Gobierno encontrará fatalmente necesario obviar criterios de distribución que impliquen consideraciones meritocráticas o de contribución a la productividad de la Nación.
El electorado intuye las reglas básicas del juego; aprende a preferir el beneficio inmediato y a desconfiar de la conveniencia de postergar la gratificación en aras de un mejor país
La burocracia asume, como siempre, permanecer en el cargo como su principal objetivo y desde la óptica distributiva legitima el “vivir de dejar vivir” institucionalizando la “matraca” para incrementar su participación en el reparto de beneficios por encima de la oferta oficial del gobierno.
La ciudadanía, el sector servicios y el empresariado contagiados de la urgencia de apropiarse del circulante, que la óptica rentista y limitada capacidad del Gobierno impiden colocar en proyectos de inversión productiva, convalidan la “matraca” y una variedad de tributaciones indirectas.
Concluyó que ni el marco legal ni la lucha contra la corrupción (concebida como mal moral ajeno a la dinámica económica y socio-política planteada) son condición suficiente para la solución y destacó la necesidad de comunicación directa con el electorado.
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